✊ El movimiento del 68

Cómo empezó y qué pedía

El conflicto arrancó en julio de 1968 con un pleito entre estudiantes de dos escuelas que la policía disolvió con una violencia desproporcionada, incluido el uso de un disparo de bazuca contra la puerta de una preparatoria de la Universidad. Lo que empezó como una protesta contra la actuación policial creció en semanas hasta convertirse en un movimiento con consejo propio, el Consejo Nacional de Huelga, que agrupaba a delegados de la Universidad, el Politécnico, escuelas normales y otras instituciones.

El movimiento formuló un pliego petitorio de seis puntos y lo sostuvo sin cambiarlo hasta el final. Conviene leerlos porque desarman de un golpe las dos versiones caricaturescas del episodio: ninguno de los seis pide socialismo, ni la caída del gobierno, ni beneficios económicos para los estudiantes. Los seis piden libertades civiles, límites a la actuación policial y responsabilidad de los funcionarios.

La demanda de derogar los artículos del delito de disolución social merece explicación, porque es la que más se pregunta y la que menos se entiende. Ese delito, con una redacción muy amplia, permitía encarcelar a quien difundiera ideas que se considerara que alteraban el orden, y se había usado contra dirigentes sindicales, entre ellos los del movimiento ferrocarrilero de 1959, que seguían presos en 1968. Pedir su derogación era pedir que dejara de existir una figura penal que castigaba la expresión.

Por qué el sistema no pudo procesarlo

El régimen sabía negociar. Llevaba décadas resolviendo demandas por la vía del sector correspondiente: el obrero por su sindicato, el campesino por su central, el colono por su organización. Ese mecanismo funcionaba porque siempre había un dirigente con quien hablar, algo material que conceder y una estructura que garantizaba el cumplimiento del trato. Con los estudiantes fallaban las tres cosas.

No había un dirigente con quien pactar, porque el Consejo Nacional de Huelga decidía en asamblea y sus delegados eran revocables. No había nada material que ofrecer, porque el pliego no pedía nada material. Y no había estructura que garantizara el trato, porque el movimiento no pertenecía a ninguna central. El gobierno ofreció diálogo privado, que era su forma habitual de operar, y el movimiento exigió diálogo público, que era exactamente lo que el sistema no sabía hacer.

A eso se sumó el calendario. Los Juegos Olímpicos se inauguraban el 12 de octubre en la Ciudad de México y eran la vitrina con la que el país iba a mostrarle al mundo lo que había construido en treinta años. Ese plazo convirtió un conflicto político en una urgencia, y para el gobierno la existencia misma del movimiento durante los Juegos se volvió el problema, más allá de lo que pidiera.

Qué se sabe y qué sigue en disputa

Hay cosas establecidas documentalmente y conviene afirmarlas sin rodeos. Está documentado que el ejército rodeó la plaza; que existió un grupo armado de civil, el llamado Batallón Olimpia, integrado por elementos del propio aparato de seguridad y con un guante blanco como distintivo; que ese grupo disparó desde los edificios; que hubo centenares de detenidos y que muchos fueron torturados. Esto no proviene de una versión de parte: sale de archivos oficiales abiertos décadas después y de las investigaciones que se hicieron sobre ellos.

Lo que sigue en disputa es sobre todo la cifra de muertos. Las versiones oficiales de la época hablaron de algunas decenas; investigaciones periodísticas y testimonios han sostenido cifras mucho mayores, y hasta hoy no existe un conteo aceptado por todas las partes. La razón es que no se levantaron registros completos, varios cuerpos no fueron entregados a sus familias y los archivos disponibles están incompletos. Decir «no se sabe con certeza cuántos murieron» es más honesto que citar una cifra redonda como si estuviera comprobada.

También se discute la cadena de decisión: quién ordenó qué y con qué grado de anticipación. Hay documentación que muestra la participación de las más altas autoridades en la operación, y hay debate sobre el detalle de las órdenes concretas de ese día. Un tema honesto distingue estas tres capas —lo documentado, lo discutido y lo desconocido— en vez de mezclarlas en un solo relato, porque mezclarlas es lo que permite después descartar el conjunto señalando la parte más débil.

Dato: El delito de disolución social, cuya derogación pedía el cuarto punto del pliego, fue derogado en 1970. Es de las pocas demandas del movimiento que acabó cumpliéndose, aunque para entonces el movimiento ya no existía.