🕯️ La guerra sucia

Del 68 al halconazo

Echeverría asumió la presidencia en diciembre de 1970 y ofreció lo que llamó apertura democrática: liberó presos del 68, amplió el gasto social, incorporó a jóvenes universitarios al gobierno y adoptó una política exterior de tercer mundo. Esa oferta se puso a prueba muy pronto y el resultado marcó el sexenio entero.

El 10 de junio de 1971 una manifestación estudiantil en la avenida San Cosme, en la Ciudad de México, fue atacada por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, entrenado y financiado con recursos públicos. Murieron decenas de personas. El gobierno anunció una investigación, hubo renuncias de funcionarios y ninguna sanción penal. Para muchos de quienes venían del 68, ese episodio fue la prueba de que la apertura ofrecida no era real.

La consecuencia fue una decisión que conviene explicar sin justificarla ni caricaturizarla: una parte de esa generación concluyó que no quedaba vía legal y optó por la vía armada. Aparecieron grupos rurales, sobre todo en Guerrero, encabezados por maestros como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, con base en comunidades que arrastraban conflictos agrarios sin resolver; y grupos urbanos que en 1973 confluyeron en la Liga Comunista 23 de Septiembre, cuyo nombre alude al asalto al cuartel de Madera de 1965.

Dato: El grupo que atacó la manifestación de 1971 había sido entrenado con recursos públicos y operaba fuera de toda estructura legal. Que un Estado financie un cuerpo armado que no aparece en ninguna nómina ni en ninguna ley es la definición práctica de lo que después se llamó guerra sucia.

Cómo respondió el Estado

La respuesta no fue la persecución penal ordinaria de un delito, y esa distinción es el centro del tema. Está establecido por investigaciones oficiales posteriores —la Comisión Nacional de los Derechos Humanos primero y una fiscalía especial creada en 2001 después, con acceso a archivos de las corporaciones de seguridad— que hubo detenciones sin orden judicial, centros de detención clandestinos, tortura sistemática y desaparición forzada de personas, y que esas prácticas fueron sostenidas por corporaciones del Estado durante años.

Conviene precisar qué significa desaparición forzada, porque es el término jurídico exacto y no un modo de hablar. Ocurre cuando agentes del Estado privan a alguien de la libertad y después niegan que lo tengan o se niegan a informar dónde está. Su gravedad particular está en que no termina: mientras no se sepa qué pasó con la persona, el delito sigue cometiéndose, y por eso los tribunales internacionales lo tratan como una conducta continuada y no como un hecho del pasado.

La zona más afectada fue la sierra de Guerrero, donde el ejército hizo operativos de gran escala contra la guerrilla de Lucio Cabañas, que murió en un enfrentamiento en diciembre de 1974. En esos operativos hubo comunidades enteras sujetas a control militar, y una parte de las desapariciones documentadas corresponde a población que no participaba en la guerrilla. Los grupos armados, por su lado, cometieron secuestros, asaltos y homicidios, y eso también forma parte del relato: describir la conducta de uno de los lados no obliga a callar la del otro.

La salida: abrir el sistema

Hacia mediados de los años setenta el problema del régimen ya no era solo la guerrilla, que era pequeña, sino algo más incómodo: había perdido la capacidad de convencer. La elección presidencial de 1976 lo mostró con crudeza, porque el candidato del partido en el poder compitió prácticamente solo, sin contendiente registrado de peso. Un sistema que necesitaba elecciones para legitimarse se encontró con elecciones que ya no legitimaban nada.

La respuesta fue la reforma política de 1977, y es una de las decisiones más consecuentes de la segunda mitad del siglo mexicano. Reconoció a los partidos como entidades de interés público en la Constitución, permitió el registro de fuerzas que habían estado fuera de la ley —incluido el Partido Comunista—, les dio acceso a medios y financiamiento, y amplió la Cámara de Diputados con cien escaños de representación proporcional. En paralelo hubo una ley de amnistía que liberó a presos políticos y permitió que varios grupos armados dejaran las armas.

El cálculo era claro y funcionó: si la oposición podía competir legalmente, ya no tenía sentido pelear por fuera. Los estudiosos de la transición mexicana suelen situar aquí su punto de partida, y a la vez señalan lo que la reforma no hacía. No creó una autoridad electoral independiente, no puso en riesgo el control del gobierno sobre los resultados y no abrió la posibilidad real de perder la presidencia. Fue una apertura calculada para durar, y duró casi una década antes de que se le exigiera más.