⚖️ Por qué se rompe Nueva España

Una sociedad ordenada por el origen

En Nueva España el lugar que ocupaba una persona dependía de dónde había nacido y de quiénes eran sus padres. Arriba estaban los peninsulares, nacidos en España, que ocupaban los cargos más altos del gobierno, la Iglesia y el comercio. Debajo, los criollos: hijos de españoles nacidos en América, con dinero y estudios pero con el paso cerrado a los puestos que de verdad decidían.

Más abajo quedaban las castas —el nombre que se daba a la población mezclada— y, en la base, los pueblos indígenas y la población de origen africano. Los pueblos indígenas conservaban tierras comunales y cierta autonomía de gobierno, pero pagaban tributo y cargaban con el trabajo del campo y de las minas. Nada de esto era invisible: estaba escrito en las leyes y se veía todos los días.

Cómo se armó ese orden, y qué tan rígido era en la vida diaria, se cuenta en la unidad del Virreinato. Aquí importa otra cosa: aguantó tres siglos, así que por sí solo no explica el levantamiento. Lo que sí explica es quién se sumó a qué. Cuando la crisis llegó, el criollo pedía cargos y el campesino pedía dejar de pagar tributo, y esas dos demandas cabían por un momento en el mismo movimiento.

• Peninsular

  Español nacido en España. Ocupaba los puestos altos del virreinato, y su ventaja no venía de su riqueza sino de su lugar de nacimiento.

• Criollo

  Hijo de españoles nacido en América. Podía ser dueño de minas y haciendas y aun así no llegar a virrey ni a obispo. De ese agravio sale buena parte de la dirigencia insurgente.

• Castas

  El conjunto de la población de origen mezclado. Tenían restricciones legales para ciertos oficios y cargos, y fueron la mayor parte de la tropa insurgente.

• Tributo

  Pago que la población indígena entregaba a la Corona por el solo hecho de serlo. Suprimirlo fue de las primeras cosas que decretó Hidalgo.

Las reformas que apretaron

Durante el siglo XVIII la Corona española reorganizó su imperio para sacarle más dinero y controlarlo mejor. Se crearon nuevas divisiones territoriales con funcionarios enviados desde España, se subieron impuestos, se establecieron monopolios de la Corona sobre productos como el tabaco y se recortó la autonomía que los ayuntamientos habían ganado con el tiempo.

Dos medidas pegaron especialmente fuerte. La expulsión de los jesuitas, en 1767, dejó sin sus maestros a buena parte de la élite criolla y se recordó como un agravio; el bando que la anunció advertía que los súbditos habían nacido «para callar y obedecer». Y la llamada consolidación de vales reales, de 1804, obligó a cobrar de golpe los préstamos que la Iglesia tenía dados a hacendados y comerciantes, para mandar ese dinero a España. Muchas familias criollas quedaron endeudadas o arruinadas.

Las dos medidas están separadas por casi cuarenta años, y eso es lo que conviene ver. No fue un solo golpe, sino una generación entera en la que la Corona pidió cada vez más y consultó cada vez menos. En qué consistía cada medida se explica en el tema de las Reformas Borbónicas; lo que toca aquí es su efecto sobre la lealtad.

El efecto no fue una rebelión inmediata, sino algo más lento: el criollo con dinero dejó de sentir que ese gobierno era el suyo. Cuando llegó la crisis, no salió a defenderlo.

Dato: Nueva España era la posesión más rentable de la Corona: aportaba más plata que ningún otro territorio, y ese éxito es lo que la volvió el lugar donde más se apretó.

La crisis que abrió la puerta

Entonces se cayó la pieza que sostenía todo. En 1808 Napoleón ocupó España, obligó a abdicar al rey Fernando VII en Bayona y puso en el trono a su propio hermano. De un día para otro, las autoridades de Nueva España gobernaban en nombre de un rey que estaba preso y de una monarquía ocupada por un ejército extranjero.

La pregunta que eso abrió no era menor: si no hay rey, ¿en quién reside la autoridad? El ayuntamiento de la Ciudad de México, de mayoría criolla, propuso que Nueva España se gobernara a sí misma mientras el rey volviera, apelando a una idea vieja del derecho español: que en ausencia del monarca la soberanía regresa al pueblo. Lo sostuvieron sobre todo los licenciados Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate, y el virrey José de Iturrigaray se mostró dispuesto a escucharlos. La respuesta de los comerciantes peninsulares, encabezados por Gabriel de Yermo, fue un golpe: la noche del 15 de septiembre de 1808 depusieron al virrey y encarcelaron a los promotores; Primo de Verdad murió en prisión pocas semanas después.

Ese golpe es la bisagra del tema. Cerró la salida legal que los criollos habían propuesto y les enseñó que por la vía de las instituciones no iban a llegar. Los grupos que siguieron discutiendo lo hicieron ya en la clandestinidad, en reuniones que se disfrazaban de tertulias literarias. La primera que se descubrió fue la de Valladolid, en 1809, que planeaba formar una junta propia y fue tratada con una indulgencia que las autoridades no volverían a tener; la siguiente fue la de Querétaro.