🏦 El cambio de modelo económico

Vender lo que el Estado tenía

En su momento de mayor tamaño el Estado mexicano había llegado a tener más de mil empresas, desde acereras y minas hasta hoteles, ingenios azucareros y una fábrica de bicicletas. Entre 1988 y 1994 se vendió, se liquidó o se fusionó la mayor parte de ellas. Las operaciones más grandes fueron la venta de Teléfonos de México en 1990 y la reprivatización de los dieciocho bancos que se habían nacionalizado en 1982, entre 1991 y 1992.

Los argumentos con los que se defendió la venta fueron tres y conviene conocerlos porque estructuran la discusión posterior. Que muchas de esas empresas perdían dinero y ese déficit lo pagaba el presupuesto; que administrar hoteles o ingenios no es función del Estado, que debía concentrarse en educación, salud e infraestructura; y que los ingresos por la venta permitirían reducir la deuda pública, cosa que en efecto ocurrió durante esos años.

Las objeciones que se hicieron entonces y después también son tres, y conviene presentarlas con el mismo cuidado. Que varias empresas se vendieron a precios discutidos y en procesos con poca competencia entre postores; que en algunos sectores un monopolio público se convirtió en uno privado, sin que el consumidor ganara nada por el cambio; y que el ingreso por la venta es de una sola vez, mientras que la empresa vendida habría seguido generando —o perdiendo— dinero todos los años. La discusión entre economistas sobre el saldo neto de la privatización mexicana sigue abierta y depende mucho de qué empresas se examinen.

Abrir la economía y soltar el campo

La apertura comercial había empezado con la entrada al GATT en 1986 y se profundizó en estos años con la reducción de aranceles y la negociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, que tiene tema propio en esta unidad. Lo importante aquí es ver que la apertura no era una política aislada sino la segunda pieza del mismo diseño: si la industria ya no iba a estar protegida, tenía que volverse competitiva o desaparecer, y esa presión era justamente el mecanismo que se buscaba.

La tercera decisión de este bloque afectó al campo. En enero de 1992 se reformó el artículo 27 para dar por terminado el reparto agrario y permitir que las tierras ejidales pudieran rentarse, asociarse con particulares y, cumpliendo requisitos, venderse. Era el fin de setenta y cinco años de una política que venía de la Constitución de 1917 y de la que la unidad 7 mostró su momento culminante.

Los argumentos volvieron a ser de eficiencia: sin posibilidad de vender ni de dar en garantía su parcela, el ejidatario no tenía acceso a crédito ni podía asociarse para producir en escala, y la tierra repartible se había agotado hacía décadas. Las objeciones señalaron que quitar la protección sin poner crédito, asistencia técnica ni precios de garantía dejaba al campesino solo frente a un mercado abierto, y que el resultado previsible era la venta de parcelas por necesidad y más migración. Las dos posiciones se apoyan en evidencia distinta y el debate sigue vivo entre especialistas del campo mexicano.

Dato: La reforma de 1992 no obligó a nadie a vender su ejido: hizo posible venderlo cumpliendo requisitos. La distinción se pregunta en examen y además importa, porque buena parte de la tierra ejidal sigue siendo ejidal hasta hoy.

Quitarle al gobierno el control del dinero

La tercera pieza es la menos visible y quizá la más duradera. En agosto de 1993 se reformó la Constitución para dar autonomía al Banco de México, con el mandato prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. En términos prácticos significa que el banco central deja de poder financiar al gobierno imprimiendo dinero, y que su junta de gobierno tiene periodos escalonados que no coinciden con el sexenio.

Para entender por qué esto importa hay que recordar de dónde venía el país. En los años setenta el gasto público que no se cubría con impuestos se financió con emisión, y el resultado fue inflación, fuga de capital y la devaluación de 1976; en los ochenta la inflación llegó a tres dígitos. La autonomía fue el intento de hacer institucionalmente imposible repetir ese mecanismo, quitándole al ejecutivo una herramienta que había usado y que le había salido cara.

Ahí se ve la lógica común de las tres piezas, y es lo que conviene que el alumno se lleve del tema. Vender las empresas, abrir la frontera y darle autonomía al banco central son decisiones muy distintas entre sí y comparten un supuesto: que el margen de maniobra discrecional del gobierno había producido las crisis anteriores, y que la solución era reducirlo por diseño. Quienes defienden el modelo señalan que desde entonces México no ha vuelto a tener inflación descontrolada; quienes lo critican responden que también dejó de crecer como antes y que la desigualdad no se movió. Las dos afirmaciones son verificables y describen el mismo periodo.