📉 La crisis de 1982

Agosto y septiembre de 1982

En agosto de 1982 el gobierno mexicano informó a sus acreedores que no podía cubrir los pagos de su deuda externa. No fue una decisión política de no pagar: sencillamente no había dólares. El precio del petróleo había caído, las tasas de interés habían subido, el capital estaba saliendo del país a gran velocidad y las reservas del banco central se habían agotado. El anuncio tuvo consecuencias mundiales, porque México era uno de los grandes deudores y los bancos que le habían prestado quedaban en riesgo.

El 1 de septiembre, en su último informe de gobierno, López Portillo anunció la nacionalización de la banca privada y el control generalizado de cambios. El argumento fue que los bancos habían facilitado la salida masiva de capital y que sin control sobre el crédito no había manera de estabilizar. La medida sorprendió incluso a buena parte del gabinete y rompió de golpe la relación entre el gobierno y el sector empresarial, que la vivió como una expropiación sin aviso.

Es importante ver que las dos decisiones son de naturaleza distinta y suelen confundirse. La suspensión de pagos fue el reconocimiento de un hecho: no había con qué pagar. La nacionalización fue una decisión discrecional que podía haberse tomado o no, y que se discutió entonces y se sigue discutiendo. Quienes la defendieron sostuvieron que sin ella la fuga habría continuado sin freno; quienes la objetaron argumentaron que el problema estaba en la política económica que había producido la desconfianza, no en quién administraba los bancos.

Dato: La banca nacionalizada en 1982 volvió a manos privadas apenas nueve años después, entre 1991 y 1992. Es de los casos más rápidos de reversión de una decisión de esa magnitud, y explica por qué el episodio se estudia menos como un cambio de modelo que como el síntoma más visible de una crisis.

La década perdida

Lo que siguió fue un ajuste largo. El gobierno que entró en diciembre de 1982 negoció con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional un programa que implicaba recortar el gasto público, contener los salarios y generar excedentes para pagar la deuda. La lógica del ajuste es aritmética: si hay que transferir recursos al exterior, esos recursos tienen que salir de algún lado, y salieron del gasto interno y del poder de compra de la población.

El resultado de la década se resume en dos hechos. La economía prácticamente no creció entre 1982 y 1988, y el salario real perdió una parte muy grande de su valor: un trabajador con el mismo empleo compraba bastante menos al final de la década que al principio. A eso se sumó una inflación que en algunos años llegó a cifras de tres dígitos, algo que el país no había vivido nunca y que erosionaba cualquier ingreso fijo. A ese conjunto se le llama la década perdida, y el nombre se aplicó a toda América Latina porque el fenómeno fue regional.

En términos de vida cotidiana significó cosas concretas: precios que cambiaban de una semana a otra, ahorros que se volvían nada, familias que sumaban más miembros al trabajo para compensar, migración creciente hacia Estados Unidos y crecimiento del trabajo por cuenta propia sin prestaciones. Buena parte de lo que después se llamó economía informal creció en estos años como respuesta a la falta de empleo formal.

El cambio de modelo

La consecuencia más duradera de 1982 no fue la nacionalización sino el giro de política económica que siguió. Si el modelo de crecer hacia adentro estaba agotado y además ya no había crédito para sostenerlo, la conclusión a la que llegó el gobierno fue que había que crecer hacia afuera: exportar manufacturas, abrir la economía a la competencia y reducir el tamaño del Estado.

El paso más visible fue la entrada al GATT en 1986, el acuerdo internacional que regulaba el comercio antes de que existiera la Organización Mundial del Comercio. Entrar significaba comprometerse a bajar aranceles y a eliminar los permisos previos de importación, es decir desmontar exactamente los dos instrumentos con los que se había protegido a la industria durante cuarenta años. En paralelo empezó la venta y el cierre de empresas públicas, que en su momento de mayor número habían sido más de mil.

En diciembre de 1987, tras una caída fuerte de la bolsa y con la inflación desbordada, se firmó el Pacto de Solidaridad Económica: un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos para fijar de común acuerdo precios, salarios y tipo de cambio. Funcionó para bajar la inflación, y conviene notar por qué pudo funcionar: hacía falta una estructura capaz de comprometer a los sindicatos y a los empresarios de un país entero, y esa estructura era exactamente la que venía de los años treinta. El corporativismo, criticado por antidemocrático, fue el instrumento que permitió aplicar el programa que abría la economía.