🛢️ La expropiación petrolera

Un pleito laboral que sube por las instancias

Las compañías petroleras extranjeras operaban en México desde el porfiriato y sus trabajadores tenían condiciones muy distintas a las del personal extranjero: salarios menores por el mismo trabajo, viviendas peores y acceso desigual a servicios. En 1936 los sindicatos de las distintas empresas se unieron en uno solo y presentaron un pliego de peticiones con aumento salarial y contrato colectivo único. Las compañías se negaron.

El conflicto siguió el camino que la ley marcaba, y ese detalle es la clave del tema. Hubo huelga, y el asunto pasó a una junta de conciliación, que nombró una comisión de expertos para estudiar si las empresas podían pagar lo que se les pedía. La comisión concluyó que sí. La junta falló a favor de los trabajadores y las compañías recurrieron a la Suprema Corte de Justicia, que en marzo de 1938 confirmó el fallo.

Entonces vino el hecho decisivo: las compañías anunciaron que no acatarían la sentencia. Con eso el problema dejó de ser cuánto se le paga a un trabajador y pasó a ser si en México manda la ley mexicana. Un gobierno que hubiera dejado pasar eso habría admitido que sus tribunales no obligaban a quien tuviera suficiente dinero, y eso valía mucho más que el aumento en disputa.

Lo que vino después

La respuesta llegó rápido. Las compañías retiraron a su personal técnico, se llevaron planos y se negaron a vender refacciones; varios países dejaron de comprar petróleo mexicano y hubo un boicot comercial; los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido reclamaron indemnización inmediata, y Reino Unido rompió relaciones diplomáticas. El peso se devaluó y salió capital del país.

El gobierno resistió con dos apoyos. Uno interno: hubo una colecta pública para ayudar a pagar la indemnización, a la que la gente llevó desde dinero hasta joyas y animales, y una movilización de respaldo tan grande que ninguna decisión de gobierno en México había reunido algo semejante. Otro externo, y más prosaico: en Europa se estaba yendo hacia la guerra, y Estados Unidos prefirió no empujar a México hacia sus adversarios comerciales, de modo que la presión tuvo un límite.

Los trabajadores tomaron la operación de las instalaciones sin el personal técnico extranjero y con equipo que se descomponía sin refacciones. En junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos para administrarlas. La producción cayó los primeros años y tardó en recuperarse; la indemnización se negoció y se acabó pagando en los años siguientes, con acuerdos separados con cada país. La versión que presenta el episodio como un éxito inmediato deja fuera esos años difíciles, que son justamente los que miden lo que costó sostener la decisión.

Dato: La colecta pública no alcanzó ni de lejos para cubrir la indemnización, y sin embargo es lo que más se recuerda. Su valor fue político: mostró que la decisión tenía detrás a la población, y eso pesó en un momento en que el gobierno necesitaba demostrar exactamente eso.

Por qué se cuenta mal, y cómo se cuenta bien

La versión escolar corta dice que un presidente decidió un día recuperar el petróleo para México. Tiene el problema de que no explica nada: no dice por qué se pudo hacer en 1938 y no antes, ni por qué el gobierno pudo sostenerlo frente a dos potencias, ni de dónde salió el respaldo popular. Contada así, la expropiación parece un acto de voluntad, y los actos de voluntad no se pueden analizar.

La versión que sí explica sigue la cadena: hay un conflicto laboral con una demanda concreta, hay un peritaje que dice que las empresas pueden pagar, hay un fallo, hay una sentencia de la Suprema Corte y hay una negativa pública a acatarla. Cada eslabón le da al gobierno algo que necesitaba: legalidad, un número que defender, y sobre todo un argumento que cualquiera entiende —aquí manda la ley mexicana— con el que se puede convocar a la calle.

Conviene añadir una precisión que se pregunta y suele contestarse mal. El petróleo del subsuelo era propiedad de la Nación desde 1917, así que la expropiación no lo nacionalizó: nacionalizó la industria, es decir las instalaciones, refinerías y equipos con los que se extraía y se procesaba. La distinción parece técnica y no lo es: explica por qué el conflicto de fondo con las compañías venía desde el artículo 27 y por qué el entendimiento de Bucareli, quince años antes, había sido justamente sobre eso.