⛪ La guerra cristera

Nueve años entre la ley y su aplicación

La Constitución de 1917 traía varios artículos que limitaban a la Iglesia católica de manera severa: la enseñanza oficial y la particular debían ser laicas, las corporaciones religiosas no podían poseer bienes raíces, el culto público fuera de los templos quedaba prohibido, los ministros no podían votar ni criticar las leyes en público, y las legislaturas de cada estado podían fijar cuántos sacerdotes había en su territorio. La jerarquía protestó desde el primer momento y siguió operando, porque los gobiernos de Carranza y Obregón no aplicaron esos artículos a fondo.

Calles decidió aplicarlos. En 1926 se publicó una reforma al código penal que fijaba sanciones concretas para quien los incumpliera, conocida popularmente como Ley Calles, y varios estados empezaron a registrar sacerdotes y a limitar su número. La respuesta de la jerarquía fue suspender el culto público en todo el país: los templos quedaron abiertos como edificios pero sin misa, sin bautizos, sin confesión y sin matrimonios.

Ahí está la clave para entender por qué reaccionó tanta gente. La medida no golpeaba a la jerarquía como institución lejana: golpeaba lo que un pueblo hace cuando nace alguien, cuando se casa y cuando se muere. Para millones de personas de las regiones más católicas del país eso no se vivió como una disputa jurídica entre poderes, sino como que les habían quitado la vida religiosa entera.

Cómo fue la guerra

El levantamiento armado empezó a fines de 1926 y se concentró en el occidente y el centro-occidente: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, Nayarit y partes de Aguascalientes y Querétaro. Los alzados se llamaron a sí mismos cristeros por su grito de combate, y eran en su mayoría campesinos y rancheros, con jefes locales y con algunos militares de carrera que se les unieron.

Fue una guerra de guerrillas: partidas móviles que atacaban destacamentos, cortaban vías y se dispersaban, contra un ejército federal mejor armado que controlaba las ciudades y no lograba controlar el campo. El gobierno respondió con reconcentraciones de población —sacar a los habitantes de los pueblos y llevarlos a las cabeceras para quitarle apoyo a la guerrilla—, y esa medida produjo daño a población que no combatía, igual que las ejecuciones y los ataques a trenes que hubo de ambos lados.

La jerarquía católica no dirigió el levantamiento y una parte de ella lo desaprobó, aunque hubo sacerdotes que participaron. Del lado laico se organizó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que sí impulsó la lucha armada. Es un dato que conviene tener claro para no explicar el episodio como una orden de la Iglesia ni como una revuelta espontánea sin organización: hubo de las dos cosas y en proporciones que los historiadores siguen discutiendo.

Dato: El acuerdo de 1929 no cambió una sola palabra de la Constitución. Se pactó cómo se iban a aplicar los artículos, no qué decían, y esa diferencia explica por qué el conflicto pudo reavivarse pocos años después.

Cómo se cuenta esto sin repartir razón

Este episodio se relata de maneras incompatibles según quién lo cuente, y las dos versiones tienen historiadores serios detrás. Una lo lee como la resistencia de comunidades campesinas a un Estado que quiso arrancarles su vida religiosa por decreto; la otra, como la defensa de un Estado laico frente a una jerarquía que no aceptaba perder los privilegios que había tenido durante siglos. Un tema honesto expone las dos y dice cuál es la evidencia de cada una, en lugar de elegir.

Lo que sí puede afirmarse sin tomar partido son los hechos y sus fechas: qué decían los artículos, cuándo se decidió aplicarlos, quién suspendió el culto, en qué regiones hubo guerra, qué métodos usó cada bando y qué se pactó en 1929. Sobre esos hechos hay acuerdo documental. La discusión está en cómo se pesan, y ese es un plano distinto que conviene no mezclar.

Vale la pena señalar además lo que el conflicto le costó al proyecto del gobierno. La escuela rural quedó atrapada en medio: en las regiones en guerra el maestro federal fue visto como agente del Estado que había cerrado los templos, y varios maestros fueron atacados. Un programa educativo que dependía de que la comunidad sintiera suya la escuela chocó de frente con un conflicto que dividía a esa misma comunidad.

• Separar planos

  Los hechos y las fechas tienen respaldo documental; el peso que se les da es interpretación. Mezclarlos es lo que vuelve el tema impresentable.

• Atribuir siempre

  «Para los historiadores que estudian el mundo campesino…» y «para quienes analizan la formación del Estado laico…». Nunca en voz del narrador.

• El costo para la escuela

  El maestro rural quedó en medio del conflicto, y el proyecto educativo del periodo lo pagó en las regiones en guerra.