🏛️ El FOBAPROA

Un fondo para proteger los depósitos

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Fobaproa, se creó en 1990 con la ley bancaria de esos años, como un fondo que respaldaría los depósitos del público si un banco llegaba a quebrar. En ese momento era una pieza más del nuevo diseño del sistema financiero, pensada para dar confianza a los ahorradores en un sistema que estaba por cambiar de dueños.

Poco después, el gobierno vendió a particulares los bancos que había nacionalizado en 1982. Varios compradores pagaron esas operaciones con dinero prestado, y una vez dueños de los bancos, estos dieron crédito con poca supervisión y crecieron muy rápido en pocos años. El fondo pensado para un problema puntual —la quiebra aislada de un banco— quedó ahí, sin que nadie previera que tendría que usarse para todo el sistema a la vez.

Dato: El nombre completo, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, describe la función original: proteger al ahorrador, no rescatar al banco. Lo segundo fue lo que terminó haciendo en la práctica.

La cartera vencida y el rescate de 1995

Con la devaluación de diciembre de 1994 las tasas de interés se dispararon, y millones de personas y empresas que tenían créditos a tasa variable —tarjetas, hipotecas, préstamos para negocios pequeños— dejaron de poder pagarlos: es lo que se conoce como cartera vencida. Hubo movimientos de deudores organizados para negociar quitas y plazos, entre ellos El Barzón, que nació entre productores del campo endeudados y creció después en las ciudades.

Ante el riesgo de que los bancos quebraran y el sistema de pagos del país se detuviera, en 1995 el Fobaproa compró a los bancos sus créditos incobrables, y a cambio les entregó pagarés: promesas de pago respaldadas por el gobierno. También se intervinieron bancos en dificultades y se pusieron en marcha programas para ayudar a los deudores a renegociar sus créditos. Con eso se evitó que la gente perdiera lo que tenía guardado en el banco.

El mecanismo cambió lo que estaba en riesgo, no lo eliminó. Antes del rescate, la pérdida por los créditos impagados la cargaban los bancos y, en última instancia, sus dueños y accionistas. Después, la cargó el Fobaproa, un fondo público, y la pregunta de quién pagaría esa cuenta quedó pendiente para los años siguientes.

• Qué compró el Fobaproa

  Créditos que los bancos ya no podían cobrar, a cambio de pagarés respaldados por el gobierno.

• Qué se evitó

  Que los bancos quebraran de golpe y que el público perdiera los depósitos guardados en ellos.

• Qué no se evitó

  Que alguien tuviera que pagar esa cartera vencida; solo cambió quién.

La conversión en deuda pública y el IPAB

En 1998 el gobierno de Ernesto Zedillo pidió al Congreso reconocer los pasivos del Fobaproa como deuda pública. Desde la elección de 1997 el PRI ya no tenía mayoría propia en la Cámara de Diputados, así que la propuesta no podía aprobarse sin votos de otro partido, y el debate se extendió durante meses.

El PAN acabó votando con el PRI, y en diciembre de 1998 se aprobó convertir esos pasivos en deuda pública y crear el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que sustituyó al Fobaproa con reglas más estrictas sobre qué podía respaldar. El PRD votó en contra y propuso que no se pagara la parte de la deuda que una auditoría independiente considerara ilegal o irregular.

El monto que el Congreso reconoció como deuda pública fue de alrededor de quinientos cincuenta mil millones de pesos de aquel momento. Esa deuda no se liquidó de una vez: se sigue pagando cada año con una partida del presupuesto federal, a través del IPAB.

La auditoría Mackey y lo que sigue en disputa

El Congreso encargó una auditoría al contador canadiense Michael Mackey, que entregó su informe poco después de aprobada la conversión en deuda pública. El informe encontró operaciones irregulares y créditos que, a juicio del auditor, no debieron entrar al rescate —entre ellos, préstamos relacionados con los propios dueños de los bancos—, pero también señaló que no tuvo acceso completo a toda la información que pidió.

Esa mezcla —hallazgos concretos junto con información que nunca se entregó— es la razón de que el Fobaproa siga discutiéndose más de dos décadas después. Lo que pasó y cuándo está documentado; cuánto costó en total y a quién benefició de más, no tanto.