⚖️ La estrategia de seguridad

Qué se decidió y cuándo

En diciembre de 2006, a los pocos días de tomar posesión, el gobierno de Felipe Calderón anunció un operativo conjunto en Michoacán con participación del ejército y la marina, y a lo largo de los meses siguientes desplegó operativos semejantes en varios estados. La decisión tuvo dos componentes que conviene separar: usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y organizar la estrategia alrededor de la captura de los líderes de las organizaciones criminales.

Ninguno de los dos era enteramente nuevo. El ejército había participado en tareas antidrogas desde décadas antes, y ya había operativos federales en curso. Lo nuevo fue la escala, la permanencia y el lugar central que la seguridad ocupó en la política del gobierno. Conviene decirlo así, con precisión, porque una parte de la discusión pública se enreda en si «empezó» en 2006 o venía de antes, y la respuesta útil es que lo que cambió fue la magnitud y no la existencia.

El contexto tampoco era solo mexicano. Las organizaciones de tráfico habían crecido en importancia a medida que las rutas del Caribe se cerraban y el trasiego se desplazaba a México; la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas hacia el sur son factores documentados que ningún gobierno mexicano controla. Los especialistas discuten cuánto pesa cada factor, y para ninguno de ellos la explicación completa está del lado exclusivo de las decisiones mexicanas.

Dato: El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se planteó en su momento como algo temporal, hasta que las policías civiles pudieran hacerse cargo. Casi veinte años y varios gobiernos después sigue vigente, y esa permanencia es en sí misma uno de los datos más significativos del periodo.

Qué muestran las cifras y qué no

Los homicidios registrados en México venían a la baja durante los años noventa y principios de los dos mil, llegando a mínimos históricos a mediados de esa década. A partir de 2008 la curva se invierte y sube con rapidez, hasta multiplicarse varias veces respecto de aquel mínimo. Después hubo un descenso parcial en la primera mitad de la década siguiente y una nueva alza que llevó las cifras a los niveles más altos registrados. Esto no está en disputa: son registros administrativos que llevan las fiscalías y el sistema de salud, publicados de manera regular.

Tampoco está en disputa que hubo violaciones graves a derechos humanos en el marco de esas operaciones. Organismos nacionales e internacionales documentaron casos de ejecución extrajudicial, tortura y desaparición de personas con participación de agentes del Estado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias contra México en varios de ellos. Es un hecho establecido, no una imputación de parte, y decirlo no implica atribuirle esos casos a una decisión de política pública general.

Lo que sí está genuinamente en disputa es la relación causal. Hay investigadores que sostienen que la captura de líderes fragmentó a las organizaciones y multiplicó los enfrentamientos entre grupos rivales, y que por tanto la estrategia contribuyó al aumento; hay otros que sostienen que la violencia ya venía creciendo por la disputa de rutas y por el cambio en los mercados, y que el despliegue fue respuesta y no causa; y hay quien sostiene una combinación de ambas. Los tres grupos usan datos y publican sus métodos, y ninguna de las tres posiciones puede presentarse como la conclusión establecida.

Derechos humanos, Ayotzinapa y lo que cambió en las leyes

En paralelo a todo esto ocurrió un cambio jurídico de fondo. La reforma constitucional de junio de 2011 puso los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales al mismo nivel que los de la Constitución y obligó a todas las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Es una de las reformas más importantes del periodo y su relevancia práctica es concreta: permite que una persona invoque un tratado ante un juez mexicano y que el juez esté obligado a aplicarlo.

El caso que más marcó la discusión pública fue la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014. Sobre él hay que ser especialmente cuidadoso. Está documentado que los estudiantes fueron atacados por policías municipales, que hubo otras personas asesinadas esa noche y que los cuarenta y tres siguen sin ser localizados salvo un número muy pequeño de identificaciones logradas por análisis genético. La primera explicación oficial fue cuestionada por un grupo de expertos internacionales convocados con acuerdo del propio Estado mexicano, y las investigaciones posteriores han seguido abiertas bajo distintos gobiernos.

El caso importa para esta materia por una razón que va más allá de sus hechos: mostró con claridad las carencias del sistema de investigación penal mexicano, que es exactamente la capacidad estatal que la alternancia no había tocado. Y produjo consecuencias legales: de la presión por casos como este salieron la ley general en materia de desaparición de personas y el registro nacional que hoy existe, instrumentos que antes no había.