🌾 Los que no cabían

La tierra que se perdió con la ley en la mano

El proceso venía de antes. La desamortización de 1856 había obligado a repartir la propiedad de las corporaciones, y las comunidades indígenas lo eran jurídicamente; muchos pueblos perdieron entonces tierras que trabajaban desde hacía siglos. El porfiriato no inventó ese mecanismo: lo aceleró y le agregó otro.

Ese otro fueron las leyes de terrenos baldíos. Se autorizó a compañías privadas —las deslindadoras— a medir tierras que no tuvieran título de propiedad claro, con derecho a quedarse con una parte de lo que encontraran. En un país donde la mayoría de los pueblos poseía por costumbre y no por papel, la definición de baldío alcanzó a tierras que estaban ocupadas y en uso.

El resultado fue una concentración de la propiedad rural sin precedente. Al final del periodo, unas cuantas familias eran dueñas de extensiones mayores que estados enteros, y la mayor parte de la población del campo no tenía tierra propia. Y aquí está el punto que hay que retener: casi todo eso se hizo con procedimientos legales, ante autoridades, con expedientes. Por eso el reclamo agrario no encontró salida en los tribunales, y por eso terminó buscándola por otro lado.

Trabajar en la hacienda

Sin tierra propia, la mayoría de la población rural trabajaba en la ajena. La forma más dura fue el peonaje por deudas: al trabajador se le pagaba en vales que solo servían en la tienda de la propia hacienda, donde los precios los ponía el patrón, de modo que la deuda crecía en lugar de saldarse. Como no podía irse debiendo, quedaba atado, y en muchos lugares la deuda pasaba a los hijos.

Las condiciones variaban por región y conviene no aplanarlas. En el norte, con menos población y más competencia por trabajadores, los salarios eran más altos y había más movilidad; en el centro y el sur, la hacienda era casi un mundo cerrado. Los casos más severos estuvieron en las plantaciones de henequén en Yucatán y en las de tabaco en el Valle Nacional, en Oaxaca, adonde se enviaba a trabajadores enganchados con contratos engañosos y a prisioneros.

En las ciudades y los centros mineros creció un grupo social nuevo: obreros de fábrica y de mina, concentrados por miles en un mismo lugar. No existía jornada máxima, ni indemnización por accidente, ni derecho reconocido a organizarse; las huelgas eran ilegales y se disolvían con la fuerza pública. Esa concentración es lo que hizo posible que la protesta obrera, cuando llegó, fuera visible y difícil de ignorar.

• Peonaje por deudas

  Condición del trabajador que no puede dejar la propiedad donde labora mientras deba dinero al patrón. La deuda crecía por el sistema de pago, no por gasto excesivo.

• Tienda de raya

  El comercio de la hacienda, único lugar donde servían los vales con que se pagaba. Los precios los ponía el mismo patrón.

• Enganche

  Contratación de trabajadores mediante adelantos de dinero y promesas que no se cumplían, para llevarlos a plantaciones lejanas de las que ya no podían salir.

• Deslindadora

  Compañía privada autorizada a medir tierras sin título claro, con derecho a quedarse con una parte de lo que deslindara.

Los pueblos que resistieron

No todos aceptaron. Hubo resistencia armada de comunidades a lo largo de todo el periodo, y dos casos concentran lo que estaba en juego. En Sonora, los yaquis defendieron durante décadas las tierras del río que llevaba su nombre frente a la colonización y el deslinde; la respuesta incluyó campañas militares y la deportación de familias enteras a las plantaciones de henequén de Yucatán, a miles de kilómetros de su territorio.

En Yucatán, la llamada guerra de castas había empezado a mediados de siglo y siguió en zonas del oriente peninsular durante décadas, hasta que campañas militares del régimen ocuparon los últimos reductos. Los dos casos comparten un patrón: comunidades con lengua, gobierno y tierra propios, que el modelo económico necesitaba desplazar y que no tenían dónde apelar.

Junto a esa resistencia comunitaria fue creciendo otra, urbana y organizada. En 1901, el Congreso Liberal de San Luis Potosí reunió por primera vez a la oposición en un espacio público, y de ahí salió el grupo que en 1906 publicaría desde el exilio el programa del Partido Liberal Mexicano: jornada de ocho horas, salario mínimo, prohibición del trabajo infantil, fin de las tiendas de raya y devolución de tierras. Casi ninguno de esos puntos se cumplió entonces; conviene retenerlos, porque reaparecen once años después en la Constitución.

Dato: Los puntos del programa liberal de 1906 —ocho horas, salario mínimo, fin del trabajo infantil— no se cumplieron entonces. Casi todos reaparecen en el artículo 123 de la Constitución de 1917, once años después.